La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investigará y juzgará a partir de hoy los crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano con la ya desmovilizada guerrilla de las FARC, contará con la participación de las víctimas y buscará que tengan un "lugar central" en los procesos.

"Este es el momento a partir del cual las víctimas tendrán un lugar central que las dignifique, las visibilice y les permita incluso participar en el diseño de las sanciones", afirmó hoy en una rueda de prensa la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

La nueva jurisdicción comenzó a funcionar hoy, al recibir el primer informe del Secretariado Ejecutivo del organismo, que recoge las solicitudes de 6.475 personas, de los cuales 4.653 son exguerrilleros, de presentarse ante el tribunal.

La magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre, aseguró que "la JEP está preparada para recibir informes (...) de organizaciones de Derechos Humanos, étnicas y de víctimas".

Lemaitre subrayó que las investigaciones de estas entidades de la sociedad civil serán un "pilar importante" para la jurisdicción.

"Las víctimas podrán participar en las audiencias y aportar pruebas" en los casos de crímenes más graves, agregó.

A partir de hoy, los magistrados recibirán toda la información que puedan aportar organizaciones sociales y organismos del Estado, y también estarán en disposición de recibir a las personas que quieran someterse a la JEP o dar su testimonio.

"Asumimos el compromiso como día histórico para el país, para la sociedad colombiana, pero principalmente para las víctimas (...) Es el punto de partida para empezar a sanar heridas, a partir de administrar una justicia para que no haya impunidad pero también con vocación de reconciliación", subrayó Linares.

La JEP es un mecanismo de justicia transitoria que se creó exclusivamente para conocer y juzgar las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario perpetradas por las FARC y agentes del Estado durante el conflicto armado.

Este sistema, que funcionará durante 15 años como mínimo, se considera una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla, y prioriza reconocer la verdad y restaurar a las víctimas.

EFE